El voto de las comunidades indígenas y pueblos originarios

La participación democrática de los pueblos originarios es tan necesaria como la de todas y todos, y por ningún motivo deberían quedar fuera de las decisiones colectivas; sin embargo, la historia de la participación política de las personas que integran estas comunidades no ha sido sencilla.

Vamos por partes, los pueblos indígenas se componen por personas que descienden de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica antes de un proceso de colonización o del establecimiento de las actuales fronteras. Lo que implica que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En ese sentido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece el derecho político-electoral Indígena, que es el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades y sistemas de gobierno, de acuerdo a sus propias tradiciones.

Jurídicamente, esta disposición no los excluye de participar en las elecciones a cargos públicos, pues son reconocidos como ciudadanos con derecho a votar y ser votados.

El multiculturalismo que radica en el país vuelve aún más compleja la vinculación de las comunidades con los procesos electorales que traspasan las fronteras de las comunidades.

A ello se le suma que la discriminación, la marginación y la falta de comprensión de la que han sido víctima las personas indígenas los ha llevado a abstraerse de estos procesos y hasta interferir con los mismos.

La crítica más constante de los pueblos originarios a los procesos electorales es la falta de representación en las elecciones, dominadas por candidatos representantes de partidos políticos. Hecho que se traslada en una baja participación de este sector de la población.

Revertir esta situación está en manos de las instituciones electorales y la ciudadanía, quienes debemos trabajar en la apertura y no discriminación a las comunidades indígenas. Pero también de las y los ciudadanos que independientemente de tener sus propios sistemas de organización, deben ejercer su derecho al voto.